Comunicado oficial 21/04/2026
Buenos Aires, 21 de abril de 2026.
La Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) expresa su extrema preocupación y repudia la denuncia penal que -según información publicada en el diario Infobae en el día de la fecha- habría deducido el denominado “Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB)” contra el Dr. Raúl Ojeda, basada en el contenido de decisiones judiciales adoptada por el citado magistrado en ejercicio de las funciones jurisdiccionales que le han sido constitucional y legalmente asignadas.
Reiteramos una vez más que esta clase de conductas -que constituyen evidentes represalias derivadas de la disconformidad con decisiones judiciales- es incompatible no solo con la garantía constitucional de la independencia judicial, sino también, con el sistema republicano y democrático, que no tolera este tipo de prácticas autoritarias, mucho menos cuando provienen de entidades que -como la denunciante- carecen de personalidad jurídica (y, por ende, de legitimación activa para actuar como sujeto de derecho) en virtud de decisiones administrativas y judiciales adoptadas por los organismos competentes.
Resulta evidente, por lo demás, que esta clase de prácticas (reiteradas, por otra parte, como es de público conocimiento), persiguen el inocultable propósito de influir sobre el contenido futuro de las decisiones que, en uso de sus atribuciones, el juez denunciado podría tener que adoptar en el futuro, como así también, enviar un mensaje a todos los restantes magistrados y magistradas del fuero que deben resolver controversias legalmente sometidas a su competencia, especialmente cuando acaba de entrar en vigencia una legislación laboral cuya validez está siendo fuertemente discutida en el ámbito que, de acuerdo a la Constitución Nacional, corresponde: el de los tribunales de justicia.
Las eventuales discrepancias con decisiones judiciales adoptadas por los tribunales competentes deben intentar revertirse por los carriles procesales expresamente previstos en las normas constitucionales y legales vigentes, resultando inapropiado intentar modificar su contenido mediante denuncias, vías de hecho y/o ataques personales a los jueces y juezas que las adoptan.
Reiteramos una vez más que el libre ejercicio de la función jurisdiccional es un requisito esencial para el funcionamiento del sistema republicano de gobierno que impone la Constitución Nacional, por lo que rechazamos en forma contundente todo intento de amedrentar la labor de los jueces y juezas mediante este tipo de prácticas, que afrentan el funcionamiento del sistema democrático y el principio de independencia judicial.
JUAN IGNACIO ORSINI – Presidente
GRACIELA CRAIG – Vicepresidenta Primera
ENRIQUE FAZZINI – Secretario